Incidencia de la Asignación Universal por Hijo en instituciones escolares
La crisis vivida a finales de 2001, marcó el fracaso del modelo neoliberal implementado durante más de una década en nuestro país. A partir de allí comenzaron a reestructurarse las políticas públicas, iniciando una época de grandes cambios. En lo que constituye al objeto de estudio, es relevante me...
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| Publicado: |
2013
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| Acceso en línea: | https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=6530 |
| Sumario: | La crisis vivida a finales de 2001, marcó el fracaso del modelo neoliberal implementado durante más de una década en nuestro país. A partir de allí comenzaron a reestructurarse las políticas públicas, iniciando una época de grandes cambios.
En lo que constituye al objeto de estudio, es relevante mencionar la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 en el año 2006, que instauró a la educación como un derecho personal y social, en el cual el Estado pasó a ser el principal responsable de brindar “una educación integral, permanente y de calidad, gratuidad y equidad”. Dicha Ley, junto a la implementación de la Asignación Universal por Hijo, entraron en vigencia en el año 2010.
Estas dos políticas forman parte de un cuerpo de medidas que tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país, al generar cambios tanto en la política de protección social como en la educativa.
El tema central que aborda esta investigación es la Asignación Universal por Hijo (AUH)1 y su incidencia en el ámbito educativo. Esta medida, sancionada a través del Decreto N°1602 del año 2009, establece un subsistema no contributivo en el marco de la Ley N° 24714 de Asignaciones Familiares, ampliando la cobertura de la misma a los menores de 18 años, cuyos padres se encuentren desempleados, sean monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal. Incorporando, de esta manera, a un sector de la población que antes quedaba relegado. Actualmente, consiste en un pago mensual de $460 por cada hijo menor de 18 años (hasta un máximo de 5), y $1500 a cada persona discapacitada. |
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